El gobierno de Javier Milei no derogó la Ley de Manejo del Fuego, pero sí quiere modificarla
No existe ningún decreto que haya derogado o dejado sin efecto la ley que creó el Servicio Nacional del Fuego. De todas formas, sí es cierto que el Consejo de Mayo propuso modificar los artículos que prohíben realizar actividades agropecuarias en un terreno entre 30 y 60 años después de un incendio.

Si bien Chequeado acierta en que no existe derogación formal de la Ley 26.815, el gobierno de Milei –a través del Consejo de Mayo liderado por Sturzenegger– propone eliminar los artículos que prohíben por 30 a 60 años las actividades agropecuarias y loteos en tierras quemadas, lo que facilitaría la especulación inmobiliaria sobre bosques nativos. Paralelamente, el Decreto 463/2025 disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego y el presupuesto 2026 proyecta una caída real del 68,9% para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, debilitando la prevención mientras se facilita el aprovechamiento económico de los incendios.
⚠ Contexto omitido por Chequeado
El contexto omitido vincula estas modificaciones con la extranjerización de tierras patagónicas (como las de Lewis en Lago Escondido o Benetton), ya que eliminar las restricciones post-incendio incentiva el cambio de uso del suelo en zonas de alto valor turístico y agrícola, beneficiando a terratenientes que históricamente presionan por la apertura de nuevas fronteras inmobiliarias. Además, se omite que el recorte del 68,9% del presupuesto del SNMF y la disolución del fondo específico constituyen un ajuste estructural que reduce la soberanía operativa del Estado para combatir incendios, mientras se flexibilizan las normas que impedían el lucro inmediato sobre áreas quemadas.
¿A quién beneficia el encuadre original?
Terratenientes de la Patagonia (incluyendo capitales extranjeros como los de Lewis y Benetton), sector inmobiliario especulativo y agroexportadores que buscan expandir la frontera agrícola sobre bosques nativos, a quienes les permite lotear y explotar tierras recién incendiadas sin esperar los 30-60 años de recuperación ambiental establecidos por la ley.
Fuentes citadas en la nota original
- Infoleg
- Decreto 70/2023
- Decreto 463/2025
- Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
- Datos presupuestarios oficiales